Carta de la hija de una víctima: «No quiero homenajes póstumos ni días de luto, quiero justicia, que se investigue la gestión realizada»

¿Quién se va a hacer responsable de la mala gestión de esta pandemia que se ha llevado por delante la vida de más de 27.000 personas y ha destrozado a otras tantas familias? El 88 por ciento de los fallecidos por Covid en Madrid tenían más de 70 años, casi la mitad de ellos estaban en residencias de ancianos…

Pero las víctimas son algo más que una cifra. Es indignante que a día de hoy todavía nadie, ni Gobierno, ni Ministerio de Sanidad, ni Comunidad de Madrid ni ningún otro organismo público haya reconocido los errores cometidos. Porque han sido muchos. Ahora parece que todo han sido aplausos a la salida de las UCI y fiestas en las hospitales cada vez que algún enfermo era dado de alta, pero nadie habla del caos que reinó en ellos las primeras semanas de marzo, de la gente que esperaba en los pasillos durante horas para recibir atención médica, de los sanitarios desbordados, de los mayores de las residencias con claros síntomas a los que no se les permitía su traslado a los hospitales, de los Centros de Atención Primaria que alentaban a la sociedad a no saliera de casa y, según ellos, hacían seguimiento telefónico.

Mi padre acababa de cumplir 76 años. Era una persona sana, activa, hacía ejercicio diario, jugaba semanalmente al tenis, cuidaba su alimentación y no tenía patología previa alguna. Empezó a tener fiebre el 19 de marzo y durante una semana desde su Centro de Salud le indicaron (siempre telefónicamente) que tomara paracetamol. En siete días, a pesar de su edad y de su extremo cansancio dados los 38 u 39 grados de fiebre que tenía, nadie pasó a comprobar su estado, aún cuando él llamaba diariamente para explicar su creciente malestar.

Gracias a la recomendación de un familiar médico finalmente decidió acudir a Urgencias a realizarse una placa y se quedó ingresado con diagnóstico de neumonía bilateral. Durante los días siguientes la evolución de la enfermedad fue tan brutal que en solo dos días tuvo que ser trasladado a Neumología y conectarle a un compresor de aire para intentar que entrara el oxígenos en sus pulmones.

Día tras día los médicos nos avisaban de que su nivel de saturación en sangre bajaba y en poco tiempo afectaría al funcionamiento del resto de sus órganos vitales. Obviamente era necesario su ingreso urgente en la UCI, pero las consignas desde Sanidad eran que ningún paciente mayor de 70 años podía. ¿Es esto ético? ¿Es justo? ¿Por qué un político puede decidir quién vive y quién muere??

Seis días después de su ingreso nos avisaron de que le quedaban pocas horas de vida y un familiar podía ir a despedirse de él. Con la ayuda del familiar médico mi padre conseguimos que lo ingresaran en la UCI, donde permaneció durante once días en estado de extrema gravedad pero evolucionando. Tanto fue así que el Viernes Santo nos comunicaron que acababan de desentubarlo y al día siguiente nos llamarían para poder hacer una videollamada con él. Llevábamos más de 15 días sin verlo ni por supuesto hablar.

Sin embargo, no volvimos a tener noticias suyas hasta la madrugada del lunes en que nos llamaron de nuevo para que fuéramos a despedirnos de él. Mi padre falleció esa mañana. Todavía no sabemos, ni nunca sabremos, qué pasó ese fin de semana. ¿Por qué nadie nos llamó para avisarnos de su empeoramiento? ¿Por qué no pudimos verlo ni hablar con él mientras estuvo consciente? ¿Había suficiente personal médico para atender a los pacientes?

Como decía otra hija de un fallecido por coronavirus en su carta, «no me salen los aplausos en el balcón» y «yo no quiero estar en la nueva normalidad». Solo siento un profundo dolor e indignación por todos y cada uno de los que han colaborado para que una persona llena de vida nos dejara en menos de un mes sin poder siquiera hablar con ella. ¿Quién le devuelve a mi padre los diez años de vida que por lo menos le quedaban??

Yo no quiero homenajes póstumos ni días de luto, quiero justicia, que se investigue la gestión realizada, que se esclarezcan los procedimientos seguidos y que sus responsables paguen por su errores. Nosotros ya lo estamos haciendo.

* Beatriz Magán Momblona reside en Madrid.

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Source: Opinion

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