La investigación del falso contrato, estancada por la «falta de colaboración de Reyero»

El caso del falso contrato filtrado y subido a la web de la Comunidad de Madrid, en el que se presupuestaban 565.000 euros para Room Mate, la empresa hotelera de Kike Sarasola, justo el día en que se conocía que la presidenta regional era cliente de uno de los apartamentos de la cadena, sigue sin aclararse. Al menos, así lo consideran en en entorno de Sol, pues están a la espera, más de dos semanas después, de que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, aporte «datos consistentes» que expliquen el error cometido por su departamento. Y que ha dado munición tanto a la oposición como a varios medios para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Son muchos quienes
sospechan que el fallo no fue tan involuntario
o que, al menos, se utilizó (avisando a algunos portales digitales antes de subsanarlo) para menoscabar la imagen de la dirigente popular. Ante las preguntas de este periódico sobre el asunto, en la Presidencia de la Comunidad se limitaron a afirmar que «no hay novedades al respecto».

Pero en el entorno de Sol, las fuentes no oficiales consultadas destacan el «asombro» que existe «por la falta de información y que no hayan llegado datos esclarecedores por lo sucedido». Distintas personas manifiestan que en la Real Casa de Correos aún se está a la espera de que el consejero Reyero llame a la presidenta y aporte información.
«No ha llamado a Ayuso»
, coinciden los informantes. Tras saltar el escándalo, fue la propia Ayuso quien quiso que todo quedara, literalmente, negro sobre blanco. Solicitó al titular de Políticas Sociales un informe que dejara diáfano lo ocurrido, cómo, por qué y a manos de quién. Saber qué falló y si se pudo evitar. Pero, según ha podido saber este periódico, envió un escrito «en el que no aclaraba nada».

En él, Alberto Reyero aludía a que se había tratado de «un error humano» y que el secretario general técnico del área, Miguel Ángel Jiménez, ya había presentado su dimisión. Algo que en un principio, en el pleno del 14 de mayo, dijeron en Cs que había sido una destitución en toda regla; pero que días después, tras manifestar Ayuso que era ella la que firmaría el despido cuando le aportaran claves sobre lo ocurrido,
vendieron como una dimisión
. Algo que en el entorno de Sol no se creen.

Ese primer informe fue enviado a la Presidencia la primera semana de la polémica, antes de que incluso Ayuso anunciara una investigación interna al respecto. «Pero Reyero está siendo poco o nada colaborativo. No era contundente ni riguroso. No respondía a las dudas», indican, a la par que recuerdan que la presidenta habló de «una mano negra que podría haber incurrido en un delito». Concretamente, se refieren al de falsedad de documento público. «Se limitó a decir que había sido un error humano, a pedir disculpas y a la famosa dimisión. Pero hay casualidades que necesitan una explicación más detallada», inciden.

La propia presidenta así se lo ha vuelto a recordar. E insisten en que la investigación no está cerrada, ni mucho menos. Lo que pasa es que se encuentra «paralizada, pero porque Reyero no aporta nada más».

Cs: «Que miren en Hacienda o Presidencia»
Fuentes de Cs consultadas al respecto de todo ello aportan una visión totalmente distinta: «Eso es falso. Todo esto ya lo hemos explicado mil veces: la Consejería de Políticas Sociales hizo ya su investigación y de ahí que acabara con la dimisión del secretario general técnico, máximo responsable de un equipo donde se cometió un error».

Sobre la queja de falta de información a la presidenta, insisten en el grupo de los «naranjas» en que «todo lo que se le pidió al consejero se le ha trasladado». «Si quieren seguir investigando, que lo hagan en otras consejerías, como Hacienda o Presidencia», añaden, ambas dirigidas por el PP.

La situación de Alberto Reyero en el Gobierno regional es delicada. Entre las filas populares le culpan de «la desastrosa gestión de las residencias de mayores» durante las primeras semanas de la pandemia del coronavirus. Tanto es así, que Ayuso impuso un mando único en la figura del responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; algo que se leyó como una desautorización total a cómo Alberto Reyero estaba haciendo las cosas. Su autoridad en los geriátricos quedó como una mera colaboración con Ruiz Escudero, quien desde entonces supervisa el control de su situación.

De cualquier modo, la continuidad del responsable de Políticas Sociales, del ala más progresista de Cs, está asegurada, al menos a medio plazo. El acuerdo de gobierno firmado entra ambos partidos en la Comunidad de Madrid establece que el PP decide sobre sus consejeros y Ciudadanos sobre los suyos. Y a nadie le interesa una crisis real y abierta de tal calado apenas nueve meses y medio después de formar el Ejecutivo. Por lo menos, por ahora.

Residencias: 6.000 muertos
De hecho, ayer se supo que son al menos 5.987 las personas que han fallecido por el Covid-19 o con síntomas compatibles de la enfermedad en los centros madrileños de servicios sociales de carácter residencial desde el 8 de marzo hasta la fecha.

Esta cifra representa quince decesos más que el último dato proporcionado, el 27 de mayo, por la Consejería de Políticas Sociales, momento en el que notificaron 5.972, recuerda Efe.

De esos 5.987 ancianos, 1.259 corresponden a casos confirmados mediante el diagnóstico con PCR y las restantes 4.728 a casos con síntomas. Hay 14 centros «intervenidos» por la Comunidad en la crisis.
Source: Nacional

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